Unos documentos desclasificados de 1951 demuestran el control que la policía mantuvo en Canarias sobre agentes de la Inteligencia Norteamericana.

Los documentos eran remitidos al Gobernador Civil y se detallaban los movimientos realizados por grupos disidentes como comunistas y masones

Numerosos documentos pertenecientes a comunicaciones secretas entre el servicio de Información del Cuerpo General de Policía, antesala del actual Cuerpo Nacional de Policía, con el Gobierno Civil en los años 50 y que fueron desclasificados hace 7 años, permanecían almacenados sin apenas constancia de su existencia en el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife. En ellos, no sólo se detallan los seguimientos constantes que realizaban los agentes de este Cuerpo policial a grupos que eran considerados peligrosos para el orden social de la época, sino también el control establecido hacia agentes de los servicios secretos ingleses y estadounidenses, que gracias a estos documentos se constata su presencia en las Islas, desarrollando una labor de indagación en un país que comenzaba a tener contactos de índole diplomática con Estados Unidos.

Los informes reseñados nos trasladan a una época convulsa, donde las heridas de una guerra no habían dejado de sangrar, a pesar de los 12 años transcurridos desde el fin de la contienda fraticida. El resentimiento se hace patente entre las múltiples páginas de estos informes, dados muchos de los términos que se utilizaban para definir a los miembros de grupos opositores como el Partido Comunista o los colectivos pertenecientes al antiguo Frente Popular. Sus reuniones clandestinas y los comentarios que circulaban entre sus afines, no eran desconocidos para el servicio de Información de la Policía, que cada diez días emitía un informe detallado que era remitido a los Gobernadores Civiles, como máximas autoridades en el Archipiélago.

Es necesario destacar y describir el contexto histórico en el que se hallaba Canarias. La fecha de los documentos desclasificados nos remite a 1951, época de tímido avance económico pero donde aún reinaba el racionamiento de los alimentos, provocando disturbios y descontento entre algunos sectores poblacionales y que la policía seguía de cerca, informando puntualmente al Gobierno.

Pero quizás el detalle más destacable de los numerosos párrafos redactados por los miembros de la unidad de información son sin duda aquellos que hacen referencia al control establecido en los movimientos de los servicios de inteligencia extranjeros en las Islas. En estos documentos se establece que los agentes desplazados desde varias potencias tenían como motivación el análisis de la realidad económica y militar del país, centrándose en un lugar estratégico en ambos sentidos, las Islas Canarias.

Un veterano alto cargo, aún de servicio, del Cuerpo Nacional de Policía y estudioso de la evolución histórica de las policías españolas coincide en determinar esta época reseñada en los informes como “el incipiente activismo en pro del control de todos los sectores sociales por parte de los servicios secretos españoles”.

El 20 de junio de 1951, el encargado de redactar los informes decenales del Cuerpo General de Policía, en base a las indagaciones y operativos de vigilancia establecidos hacia los servicios de inteligencia extranjeros, establecía en uno de sus epígrafes:

“En esta capital (Santa Cruz de Tenerife) el servicio que predomina es el inglés y norteamericano. Sus actividades se reducen a cuestiones comerciales y si acaso, de estrategia militar o similares, ya que esta Provincia carece de interés de orden político”. Por estas palabras se detalla como mayor preocupación los actos que pudieran poner en riesgo la consolidación política del régimen, el cual pretendía legitimarse de vistas al exterior, así como establecer relaciones diplomáticas con otros países.

De hecho, “se pretendía potenciar la labor diplomática de España con Estados Unidos, ya que significaba una clara acción de oposición ante el bloque comunista”, matizó el policía consultado.

Por estos hechos reseñados, la actividad de los servicios de información de la policía iba desarrollada a controlar de forma exhaustiva a los grupos disidentes del régimen, que podían poner en riesgo la estabilidad del mismo. En un epígrafe de otro informe se detalla los movimientos de los comunistas: “Los marginados, en esta decena, al igual que en las anteriores, han proseguido su campaña de desmoralización dentro de las filas trabajadoras. Arguyen en todos sus comentarios que la situación económica actual y de hambre que padece el trabajador no se puede solucionar sino con un cambio de régimen. No hablan de política, la soslayan. Indudablemente que hay buena parte del elemento productor que cree con fe dichos argumentos, ignorando lo que en sí cierra esta propaganda”.

Es precisamente esa precaria situación económica que resaltan, la que los hizo seguir muy de cerca a sectores muy específicos de la sociedad canaria, como los agricultores y ganaderos o los empleados de la minería. Respecto a este último colectivo, el Cuerpo General de la Policía detalló en el informe del 1 de junio: “La falta de dinamita ha provocado el paro de los trabajos. En este sector se espera que por las autoridades correspondientes se de solución a un problema de vital importancia para la economía canaria”. Los racionamientos también eran causa de problemática social, tal y como quedó reseñado, ya que en el mismo documento las autoridades recogen la situación de malestar social que se ha creado por la escasez de alimentos, incluso “los más imprescindibles”.

La recogida de información aumentaba tras un movimiento político. De hecho, en los documentos desclasificados se detallan como los agentes del Cuerpo General de Policía vigilaban de cerca las cafeterías y las zonas de recreo, con el fin de recoger los comentarios de los ciudadanos respecto a las últimas visitas de políticos y diplomáticos estadounidenses. “Se comenta mucho la llegada a Madrid de numerosas personalidades políticas norteamericanas, creyendo que se trata de un entendimiento entre ambas potencias. Mucho se especula sobre el particular, ya que se supone que se aproxima un mejoramiento de orden económico del que está muy necesitado España”, matiza el informe.

Masones, comunistas o familiares de exiliados, el sector extremista para la España de los años 50.

Uno de los puntos del informe desclasificado hace hincapié en la acciones “anti-extremistas” desplegadas por los servicios de información en Canarias (Comunistas y Frente Popular), aunque añaden uno más, los masones de las Islas. Este colectivo es seguido con detenimiento, dadas las leyes que pesaban sobre ellos en la época descrita.

De igual manera, dentro de las acciones anti extremistas, otro de los objetivos eran “las actividades de familiares de rojos y huidos”, tal y como los describe este punto. La lectura de este epígrafe muestra como los agentes de los servicios de información de la policía leían la correspondencia que les era enviada al extranjero, ya que entre sus párrafos se puede leer que “envían al extranjero noticias sobre asuntos del interior de la nación, que después explotan en malsana propaganda” o también, “les envían cartas, en las cuales y de modo discreto comentan asuntos y hechos, por lo que se puede apreciar dificultades económicas que más tarde explotan en vil propaganda contra España”.

Dentro de los sectores “radicales”, como eran definidos, “también englobaban al Socorro Rojo, una orden humanitaria que desarrolló su actividad durante la guerra y que en los años 50 carecían de voluntarios y recursos suficientes para llevar a cabo su acción de ayuda”, matiza Alonso. Asimismo, se hallaban los extremistas con representantes extranjeros. En este último grupo, los agentes englobaban a aquellos activistas de izquierdas, que desarrollaban una supuesta labor de sabotajes en el país.